Grupo de expertos independientes sobre la situación de los derechos humanos en Belarús Establecido en 2024, se encargó de investigar presuntas violaciones desde 2020 (cuando una elección disputada vio al presidente Alexander Lukashenko regresar al poder para un sexto mandato) y recomendar medidas para la rendición de cuentas.
El grupo se creó el año pasado por un período renovable de un año. Como todos los expertos independientes designados por el Consejo de Derechos HumanosSirven de manera voluntaria, no son personal de la ONU, no reciben salario y son independientes de cualquier gobierno.
En sus últimas conclusiones presentadas al Consejo, los expertos documentaron detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y persecución de opositores políticos.
El informe detalla abusos selectivos contra personas LGBTQIA+, activistas políticos y periodistas, junto con cambios legales radicales destinados a erradicar toda disidencia.
Las violaciones, concluyeron los expertos, forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra civiles críticos con el Gobierno.
Campaña de miedo y represión
Las conclusiones de los expertos indican que las autoridades bielorrusas detienen sistemáticamente a los críticos por cargos de motivación política y a menudo los someten a repetidos encarcelamientos en condiciones inhumanas.
Las detenciones se llevan a cabo con frecuencia empleando fuerza excesiva, acompañada de amenazas e intimidación.
Los detenidos denuncian haber sido golpeados, sometidos a descargas eléctricas e incluso amenazados con violarlos. – no sólo contra ellos mismos sino también contra sus familiares.
Las acciones del régimen van más allá de la represión, y hay motivos razonables para creer que algunas violaciones equivalen a “encarcelamiento y persecución por motivos políticos”, señala el informe.
Tortura y violencia sexual
Se han documentado casos generalizados de tortura y malos tratos, en particular en centros de detención temporal y colonias penales.
Los hombres y mujeres detenidos por cargos políticos son sometidos rutinariamente a condiciones extremas: a algunos se les priva del sueño, se les hacina en celdas superpobladas sin higiene básica y se les niega la atención médica.
Muchos detenidos describen haber sido obligados a realizar “vídeos de arrepentimiento” tras sufrir abusos físicos y psicológicos.
Los ataques contra las personas LGBTQIA+ son particularmente brutales: las fuerzas de seguridad utilizan insultos homofóbicos, palizas y humillaciones sexuales.
En un caso, una mujer transgénero fue brutalmente golpeada, amenazada con violarla y obligada a confesar delitos que no cometió, informan los expertos.
Una ofensiva que trasciende las fronteras
Cientos de opositores, activistas y periodistas han sido acusados en ausencia por presuntos delitos, como “desacreditar” al Estado. Sus propiedades han sido confiscadas y sus familias en Bielorrusia han sido objeto de acoso e intimidación.
“La campaña orquestada de violencia y malos tratos estaba dirigida contra los bielorrusos percibidos como críticos u opuestos al Gobierno”, señalaron los expertos.
Las conclusiones muestran que dicha persecución se extiende más allá de las fronteras de Bielorrusia, dejando a los exiliados vulnerables y a sus familias en el país bajo presión.
Persecución sistemática
Los expertos determinaron que las acciones de Bielorrusia constituyen crímenes contra la humanidad, citando el encarcelamiento, la tortura y la persecución por motivos políticos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra civiles.
Subrayaron que la rendición de cuentas es fundamental y enfatizaron que “identificar y procesar a los perpetradores de derechos humanos “La lucha contra las violaciones y los crímenes contra la humanidad es fundamental para poner fin a la cultura de impunidad de Belarús y es fundamental que las víctimas reciban justicia”.