El Consejo Europeo ha prorrogado una vez más sus medidas restrictivas contra Nicaragua por un año más, manteniendo las sanciones hasta el 15 de octubre de 2025. Esta decisión refleja la constante preocupación de la UE por el deterioro de las condiciones políticas y sociales en Nicaragua, subrayando la urgente necesidad de reformas democráticas y respeto de los derechos humanos.
Actualmente, las medidas restrictivas se dirigen a 21 personas y tres entidades, imponiendo una congelación de activos y prohibiendo a los ciudadanos y empresas de la UE proporcionar fondos a las personas incluidas en la lista. Además, las sanciones imponen una viajes prohibición de entrada a estas personas, impidiéndoles entrar o pasar por los territorios de la UE.
El régimen de sanciones se promulgó inicialmente en octubre de 2019, como EU El Consejo ha tratado de abordar la crisis que se está agravando en Nicaragua. El Consejo ha destacado repetidamente cuestiones graves, incluida la erosión de la derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en el país. Estas medidas se reevalúan anualmente, lo que garantiza que la respuesta de la UE siga siendo pertinente y eficaz.
La Unión Europea se mantiene firme en su llamamiento a Nicaragua para que restablezca las libertades fundamentales, libere a todos los presos políticos restantes y permita el regreso de los ciudadanos internacionales. derechos humanos La UE insta a que se ponga fin a las restricciones actuales al espacio cívico e insiste en que se respete el derecho a disentir.
Reafirmando su compromiso con el pueblo nicaragüense, la UE destaca la importancia de defender la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. La crisis política que asola Nicaragua exige una solución mediante un diálogo sincero entre el Gobierno y las fuerzas de oposición, una solución que la UE defiende firmemente.
Mientras Nicaragua enfrenta un continuo escrutinio internacional, las medidas de la UE representan un mensaje contundente: la reforma genuina y el respeto por las libertades fundamentales son imperativos para avanzar en la estabilidad democrática y social del país.